Nos lo temíamos: El Gobierno estudia el modelo francés para aplicar medidas similares contra el P2P. Las sociedades gestoras de derechos cada vez ejercen más presión sobre las empresas de telecomunicaciones y sobre el Gobierno. Tras el canon digital, el hecho de que éste último va cediendo poco a poco a las pretensiones de la SGAE y compañía, es un secreto a voces.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, lo confirmó ayer: están estudiando las medidas aplicadas en Francia, a pesar de que admite que Internet es imparable y que tienen que cambiar los modelos de negocio de los autores.
Como ya habréis leído, las conexiones francesas son monitorizadas por un organismo creado ex profeso para ello: el Hadopi. Cuando detectan algún intercambio de archivos, envían un correo electrónico al titular para avisar de que ha sido pillado. La segunda vez, llega un nuevo aviso en forma de carta certificada; y a la tercera, se corta la conexión.
Ahora bien, dejando a un lado un instante el hecho de que este tipo de medidas constituyan intentos trasnochados de «ponerle puertas al campo», pensemos en las implicaciones que tendrían en las redes WiFi. ¿Existe (o existiría, en el caso de España) un agujero legal aquí? Yo creo que sí: es inevitable. Y no creo que se atrevieran a taparlo, si es que éste es un país de libertades realmente.
Me explico. Hace algunos meses, ya vimos lo fácil que resulta saltarse la seguridad de una red WiFi, y por ello propusimos una serie de buenas razones para dejar nuestra WiFi abierta (sin seguridad, de manera que se pueda conectar cualquiera). Entre ellas, recogíamos el siguiente párrafo:
Una buena razón para “protegerla” sería que cualquier persona podría sentarse en la acera frente a nuestra casa y dedicarse a enviar spam o a cometer cualquier tipo de delito desde nuestra red. Bruce [Schneier] argumenta que quién querría hacerlo en su acera teniendo en las proximidades cafeterías con redes WiFi abiertas. Y en el remoto caso de que sucediera, sin duda el tener la red abierta sería su mejor defensa. De tenerla encriptada, igualmente podrían saltarse la seguridad y cometer el delito, y en ese caso ¿cómo probar nuestra inocencia?
¿Ya veis por dónde voy, no? Exacto: sustituid en el párrafo anterior «enviar spam o a cometer cualquier tipo de delito desde nuestra red» por «intercambiar archivos mediante P2P» bajo el marco de la ley francesa. Una vez más, tener la red abierta constituiría nuestra mejor defensa. De esa manera, ¿cómo podría demostrar el Estado que somos nosotros los que estamos intercambiando archivos? ¿Qué culpa tenemos de que alguien se conecte a nuestra red para realizar cualquier delito?